También afectará a otros países que hayan llevado a cabo la separación entre las actividades de producción y la gestión de redes.
CC by ceronne
Los países de la Unión Europea que, como España, hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos entre las actividades de producción y la gestión de redes, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grandes empresas verticalmente integradas como la francesa EdF, según establecen las nuevas reglas comunitarias para liberalizar el mercado interior del gas y de la electricidad aprobadas por el Parlamento Europeo.
Los países tendrán un año y medio tras la entrada en vigor de la directiva para aplicar la normativa que regula los mercados del gas y la electricidad, salvo las disposiciones relacionadas con la certificación de operadores de terceros países, cuyo plazo de aplicación es de tres años y medio.
La nueva normativa descafeína la propuesta inicial de la Comisión, que quería obligar a desmembrar todos los grupos energéticos de la UE para impulsar la competencia. La oposición radical de Francia y Alemania hizo que al final se haya optado por un compromiso de mínimos, al que se ha sumado la Eurocámara dando marcha atrás en su apoyo al Ejecutivo comunitario, que permitirá que convivan en el mercado comunitario tres modelos distintos en pie de igualdad.
El primer modelo es el de la separación patrimonial, que está ya vigente en países como España y Reino Unido. En segundo lugar está el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente.
Completa el panorama la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas con una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de red. En la recta final de las negociaciones se han reforzado las salvaguardas, según informaron fuentes comunitarias.
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Los países de la Unión Europea que, como España, hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos entre las actividades de producción y la gestión de redes, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grandes empresas verticalmente integradas como la francesa EdF, según establecen las nuevas reglas comunitarias para liberalizar el mercado interior del gas y de la electricidad aprobadas por el Parlamento Europeo.
Los países tendrán un año y medio tras la entrada en vigor de la directiva para aplicar la normativa que regula los mercados del gas y la electricidad, salvo las disposiciones relacionadas con la certificación de operadores de terceros países, cuyo plazo de aplicación es de tres años y medio.
La nueva normativa descafeína la propuesta inicial de la Comisión, que quería obligar a desmembrar todos los grupos energéticos de la UE para impulsar la competencia. La oposición radical de Francia y Alemania hizo que al final se haya optado por un compromiso de mínimos, al que se ha sumado la Eurocámara dando marcha atrás en su apoyo al Ejecutivo comunitario, que permitirá que convivan en el mercado comunitario tres modelos distintos en pie de igualdad.
El primer modelo es el de la separación patrimonial, que está ya vigente en países como España y Reino Unido. En segundo lugar está el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente.
Completa el panorama la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas con una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de red. En la recta final de las negociaciones se han reforzado las salvaguardas, según informaron fuentes comunitarias.
Para aceptar este compromiso, España y el resto de países que aplican la separación patrimonial, entre ellos Países Bajos, Portugal o Dinamarca, exigieron una "cláusula de condiciones de competencia iguales".
El objetivo era garantizar que el hecho de ser los mejores alumnos y seguir al pie de la letra las propuestas de Bruselas no convierta a sus empresas en presa fácil para los grandes grupos energéticos verticalmente integrados de países como Alemania o Francia.
La cláusula señala que los países con separación patrimonial, ante el intento de compra de una de sus compañías por parte de una empresa verticalmente integrada, podrán tomar "medidas" para garantizar que haya condiciones de competencia equitativas.
La nueva norma no define en ningún momento qué tipo de medidas se pueden adoptar y se limita a señalar que deberán ser compatibles con el Tratado y con la legislación comunitaria y ser proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.
Además, deberán notificarse a la Comisión. Ello significa que, en caso de desacuerdo, la última palabra la seguirá teniendo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) como le ha ocurrido a España con las medidas tomadas a raíz de las ofertas de E.ON y Enel sobre Endesa.
Cláusula anti-Gazprom
La nueva legislación incluye también la denominada cláusula anti-Gazprom, un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.
Los Veintisiete habían pactado que serán los reguladores nacionales del país donde quiera entrar la compañía extracomunitaria los que tengan la última palabra para decidir si le dan o no autorización. El Parlamento logró garantizar que en esta decisión se tenga en cuenta el impacto en la seguridad de suministro en otros Estados miembros.
La legislación exige reforzar la independencia y la autoridad de los reguladores energéticos nacionales. Y crea una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales que pueda tomar decisiones obligatorias en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.
Asimismo, se refuerza la protección de los consumidores, a los que se reconoce el derecho a cambiar de compañía de gas o electricidad en un plazo de tres semanas y de manera gratuita. Y se pide que en 2020 el 80% de los usuarios tengan acceso a contadores inteligentes para estar informados de manera precisa sobre su consumo y promover la eficiencia energética.
El objetivo era garantizar que el hecho de ser los mejores alumnos y seguir al pie de la letra las propuestas de Bruselas no convierta a sus empresas en presa fácil para los grandes grupos energéticos verticalmente integrados de países como Alemania o Francia.
La cláusula señala que los países con separación patrimonial, ante el intento de compra de una de sus compañías por parte de una empresa verticalmente integrada, podrán tomar "medidas" para garantizar que haya condiciones de competencia equitativas.
La nueva norma no define en ningún momento qué tipo de medidas se pueden adoptar y se limita a señalar que deberán ser compatibles con el Tratado y con la legislación comunitaria y ser proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.
Además, deberán notificarse a la Comisión. Ello significa que, en caso de desacuerdo, la última palabra la seguirá teniendo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) como le ha ocurrido a España con las medidas tomadas a raíz de las ofertas de E.ON y Enel sobre Endesa.
Cláusula anti-Gazprom
La nueva legislación incluye también la denominada cláusula anti-Gazprom, un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.
Los Veintisiete habían pactado que serán los reguladores nacionales del país donde quiera entrar la compañía extracomunitaria los que tengan la última palabra para decidir si le dan o no autorización. El Parlamento logró garantizar que en esta decisión se tenga en cuenta el impacto en la seguridad de suministro en otros Estados miembros.
La legislación exige reforzar la independencia y la autoridad de los reguladores energéticos nacionales. Y crea una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales que pueda tomar decisiones obligatorias en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.
Asimismo, se refuerza la protección de los consumidores, a los que se reconoce el derecho a cambiar de compañía de gas o electricidad en un plazo de tres semanas y de manera gratuita. Y se pide que en 2020 el 80% de los usuarios tengan acceso a contadores inteligentes para estar informados de manera precisa sobre su consumo y promover la eficiencia energética.
